Por Rosana Mazur y Violeta Osorio
En nuestro país hay un cuerpo legal muy amplio sobre los derechos y obligaciones, tanto de lxs ciudadanxs comunes como de quienes ejercen algún cargo y de las instituciones. Desde el Presidente de la Nación hasta el/la última/o empleada/o estatal, como toda la comunidad, la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las leyes es ineludible, no hacerlo es lisa y llanamente accionar en contra de la ley.
En nuestro país hay un cuerpo legal muy amplio sobre los derechos y obligaciones, tanto de lxs ciudadanxs comunes como de quienes ejercen algún cargo y de las instituciones. Desde el Presidente de la Nación hasta el/la última/o empleada/o estatal, como toda la comunidad, la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las leyes es ineludible, no hacerlo es lisa y llanamente accionar en contra de la ley.
Por otra parte,
social y culturalmente hay quienes por su rol y quehacer tienen y ejercen mayor
poder sobre la ciudadanía, no sólo por los cargos públicos que ostentan, sino
también por el lugar que la sociedad les habilita, y justamente los médicos
conllevan este poder. Ahora, en un estado peor que ausente, absolutamente
negador de la realidad, ellxs que deberían ser “custodios” del “buen hacer”,
del buen tratar, del “no dañar” se encargan sistemáticamente de lo
contrario y no solo haciendo uso y abuso de ese poder adquirido sino
contrariando las leyes y obrando fuera de las mismas una y otra vez. En este
marco, no son personas aisladas “descarriadas”, NO, son parte de un sistema
hegemónico, perverso, corporativo, profesional y político que ejercen su poder
por “fuera de la ley”. No hay medias tintas, no hay tibiezas, por el contrario
existe un acuerdo implícito desde todos los estamentos del poder jurídico,
legislativo, ejecutivo y corporativo que habilita todos y cada uno de los
atropellos a los derechos ciudadanxs y por supuesto los deja impunes
Por años, el sistema
médico hegemónico y lxs profesionales que lo componen se han dedicado a poner
trabas en la correcta articulación entre el parto planificado en domicilio y
las instituciones en casos de traslado o derivación. Trabas que se materializan
en las conductas aleccionadoras y en una constante discriminación a las que son
sometidas las mujeres, sus hijxs y familias cuando requieren del ingreso a la
institución. Trato deshumanizado, mentiras sobre su real estado de salud o el
de su hijo/a, demoras en la atención, sobre intervención y/o medicalización, etc.
Todo esto solo en nombre de “no estamos de acuerdo con el parto planificado
en domicilio”, como si el acceso a nuestros derechos y el resguardo de
nuestra salud y bienestar fuera una cuestión de pareceres o acuerdos.
Es lógico y
absolutamente aceptable disentir en muchos aspectos, pero de ninguna manera se
puede ni debe abandonar, violentar, avasallar a las personas y sus derechos
haciendo uso y abuso de poder. Acá no se trata de estar de acuerdo o no, de
defender un modelo u otro. Acá hay una explícita ideología perversa de privar
ilegal e ilegítimamente de sus derechos a la población.
No garantizar la
salud “rasgándose las vestiduras”, poniéndose en pie de guerra, aduciendo un
poder que cada vez tiene más muertes en su haber (debajo de la alfombra),
excluyendo a la población toda y cercenándoles los más elementales derechos
humanos es la realidad imperante y aberrante que sostienen (desde el poder)
quienes se suponen tienen el deber moral y legal de proteger nuestro bienestar
y acceso a derechos. Esta postura, que el sistema médico y sus corporaciones
tiene y ejerce, no solo es retrógrado e inconducente, sino que es literalmente
cómplice de abandono, violencia y muerte.
Entonces, si desde el
sistema no se atienden, legal y correspondientemente a quienes tienen alguna
diferencia o dificultad o discrepancia o desacuerdo con los efectores de salud
y no se arbitran los medios para la fluidez de dicha atención, este sistema es
responsable ineludiblemente del costo social, legal, penal o que correspondiera
en todos y cada uno de los estamentos mencionados. Para que se entienda
cabalmente: la ilegalidad de sus actos corre por cuenta del sistema, del
Estado, de las corporaciones y de las personas que incurran en estos actos. Y
en ello, no solo van los derechos sino la vida misma.
Podemos, y de hecho
lo hacemos y seguiremos haciendo, una y otra vez mostrar cifras, estudios
científicos, podemos mostrar realidades distintas surgidas de la epidemiología
local, pero no es ingenua la vocación de NO-Lectura o ignorancia de los mismos,
la decisión de avasallamiento de los derechos de las mujeres/niños/familias
todas, es una cuestión político-ideológica que se inserta en lo más profundo de
nuestra cultura de sometimiento patriarcal, representado, en este caso, por el Sistema
Médico Hegemónico amparado y protegido por los poderes del Estado.
Es indispensable y
urgente que el Estado en toda su expresión se haga cargo y responsable de la
realidad existente, tomando la nutrida experiencia social, médica y científica
local e internacional que existe, mal que les pese, y que seguirá existiendo.
Es tomar “el toro por las astas” para construir una salud inclusiva y de
excelencia, para resguardar, valer y hacer valer los derechos constituidos como
sociedad.
Hacemos responsables
absolutos al Estado en su conjunto, a la comunidad profesional con sus
organismos y asociaciones, a las empresas prestatarias de la Salud de este
compromiso.
En este marco, son
muchas las acciones y transformaciones que hay que realizar, tanto a corto
(inmediato) como largo plazo y es indispensable iniciarlas ya!!! El paso inicial
ineludible es el compromiso es el reconocimiento de los distintos modelos de
atención existentes y crear las instancias necesarias para hacer viable la articulación
fluida entre los mismos y atendiendo a todas y cada una de sus necesidades.
Argentina posee una
extensa red de instituciones como no hay en otro país del continente, posee una
gran cantidad de profesionales a lo largo y ancho del territorio, lo único que
se necesita es la voluntad de decisión política de realizar esta tarea
mancomunada sin prejuicios ni miedos infundados, sin ostentación de poder por
sobre el objetivo y concepto de SALUD.
¿Existen antecedentes
de este pedido/reclamo? SI. Desde hace varios años, desde distintas agrupaciones, tanto de profesionales
como de mujeres y familias se han elevado pedidos de reunión, redactado
proyectos de ley, generado espacios de trabajo común para construir los
mecanismos correctos de articulación. Sin ir más lejos y como una más de
nuestras acciones en el 2015 enviamos al Ministerio de Salud de Argentina una propuesta de regulación para el modelo de atención domiciliaria, la cual no
sólo fue recibida, sino que contó con adhesiones y apoyo de la comunidad y gracias a la cual fuimos convocadas como agrupación.
Dentro
del seno mismo del Ministerio de Salud de la Nación se comenzó a esbozar un
documento de recomendaciones nacionales redactado por todos los actores
referentes (autoridades, profesionales de la salud, representantes de la
comunidad). En este, se fueron volcando las necesidades e inquietudes
previsibles a fin de llegar consensuar la mejor estrategia posible para
garantizar todas y cada una de las necesidades básicas requeridas.
Esta iniciativa, por
razones de público conocimiento quedó trunca a partir del cambio de gestión
política. Retomar este camino es indispensable si queremos materializar salud y
derechos. La persecución que desde el sistema médico hegemónico han instalado, amparándose en la impunidad social de la que gozan no sólo vulnera gravemente derechos y leyes vigentes, sino que está poniendo en riesgo físico, emocional y psicológico a las mujeres, sus hijxs y sus familias.
FORTALEZA'85
Rosana Mazur, Marcia Cortese, Violeta Osorio, Andrea Paz, Bárbara Lorenzo, Francisco Saraceno
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