Por Andrea Paz, Violeta Osorio y Rosana Mazur
Cada caso tiene una historia a ser analizada. Una historia que no se da en el vacío sino en un contexto social, político e institucional en donde la violencia hacia la mujer aún persiste y continúa naturalizada.
La muerte fetal (intraútero) y la muerte neonatal (aquella ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida del bebé) existe y es una realidad desgarradora para cada mujer y familia que la atraviesa. Como toda mortalidad está determinada por condiciones de vida, sociales y económicas. No obstante, en este tipo de muertes prevalecen 2 factores en su ocurrencia: uno vinculado con las condiciones congénitas y otro con las prácticas obstétricas y perinatales que rodean a ese nacimiento.
Existen muertes evitables o reducibles, aquellas que podrían disminuirse según el conocimiento científico actual; también existen muertes difícilmente reducibles, no reducibles o inevitables en la actualidad. Estas últimas son aquellas en las que aún realizando los controles y seguimientos oportunos y las prácticas obstétricas adecuadas la muerte del bebé acontece. El riesgo cero lamentablemente no existe.
Las muertes difícilmente reducibles no dependen del escenario donde se da el nacimiento. La OMS indica que el lugar no es el que determina la seguridad en un nacimiento sino las prácticas obstétricas que lo rodean, siempre y cuando sea un embarazo de bajo riesgo.
Desafortunadamente existen muertes neonatales que hoy son imposibles de reducir.
Las muertes reducibles o evitables son aquellas donde hubo fallos en la correcta evaluación, omisiones en los procesos de control, prácticas inadecuadas, errores en la atención. Y por supuesto, el nivel de responsabilidad de cada unx de los actores tiene que ser evaluado y tomadas las medidas correspondientes. Una muerte evitable es un asunto muy serio.
Para determinar en cuál categoría se encuentra cada caso es indispensable la evaluación pertinente y singular de cada situación, sin prejuicios, siempre resguardando los derechos de intimidad de esa mamá y esa familia, y evitando todo proceso de revictimización de esa mujer en uno de los momentos más dolorosos de su vida.
¿Qué sucede cuando esa muerte se da en un Parto Planificado en Domicilio (PPD)? La condena social que recae sobre la mujer, la familia y lxs profesionales que asistieron no se hace esperar. Sin una evaluación de los hechos, la historia, las condiciones en que se produjo esa muerte, lxs profesionales y colegios de médicos que se oponen a este modelo de atención realizan acusaciones y (pre)juicios condenatorios, que cobran eco en los medios de comunicación gracias a la idea naturalizada de que la institución hospitalaria siempre salva vidas y todo lo que sucede ahí es correcto e inevitable, mientras que la asistencia domiciliaria está asociada a la negligencia, improvisación y falta de atención idónea. Es común escuchar "menos mal estaba en la institución" frente a "por suerte no te moriste" cuando se trata de un PPD.
Las muertes suceden en un contexto social y político. ¿Quién es responsable de las muertes evitables? ¿la madre, la familia? ¿lxs profesionales que acompañan? Puede ser que haya responsabilidades individuales que deberán ser analizadas en cada caso, tanto si esas muertes ocurrieron en un PPD como si ocurrieron en un hospital. Pero es fundamental ampliar la mirada y entender que hay todo un sistema de salud detrás que es directamente responsable y un Estado que es el que debe velar por la garantía de nuestros derechos; esto aplica a todos los casos, suceda donde suceda el nacimiento.
En ese sentido, en el marco del modelo de atención de PPD tenemos un Estado ausente. Es el Ministerio de Salud de la Nación como órgano rector en la materia el que debe generar los marcos regulatorios necesarios, convocando a los profesionales idóneos, mujeres y familias que han elegido este modelo. Hasta el día de hoy el Estado ha preferido mirar para otro lado, dejándonos así a las mujeres, familias y profesionales sin ningún tipo de protección y respaldo, cercenando de esta manera nuestros derechos.
Por otro lado los análisis de contexto no pueden desconocer que estamos frente a un sistema de salud en materia de atención perinatal violento y expulsivo. La violencia obstétrica sigue siendo una práctica habitual, generalizada y naturalizada por los profesionales y muchas mujeres y familias. La mujer que demanda una atención garante de sus derechos y protectora de su bienestar y el de su bebx tiene que recorrer el sistema de arriba abajo, realizar una búsqueda intensiva de profesionales respetuosxs, negociar, hacer concesiones, pelear y ceder. Cuando pensamos en la accesibilidad de un sistema de salud, no podemos desconocer la importancia que tiene la dimensión vincular, la relación que se establece entre lxs profesionales y la mujer/familia. Estamos frente a un modelo hegemónico de atención perinatal que para acceder a él nos demanda docilidad. Por el contrario si reclamamos derechos se transforma rápidamente en un sistema expulsivo e inaccesible.
Tenemos en nuestro país un modelo de atención institucional, que sacando algunas excepciones, ofrece una atención que no respeta las guías y recomendaciones de la OMS. Cuando las mujeres interactuamos con el sistema institucional nos encontramos comúnmente con negativas al cabal cumplimiento de nuestros derechos, mentiras, o selección discrecional de los riesgos. Es inaceptable que las mujeres encuentren en el sistema institucional imposiciones y no opciones. En este sentido algunas mujeres optan por un PPD porque no encuentran una opción garante de sus derechos en una institución hospitalaria. Una situación que además de no ser la ideal, la está poniendo en riesgo, ya que el PPD debe basarse en una elección libre e informada y no por ser la "única opción".
La discusión no es PPD vs parto en institución. Más allá del escenario que elija la mujer todas debemos ser asistidas bajo un modelo de atención que garantice nuestros derechos, lo que se traduce en bienestar, autonomía, dignidad e integridad. Por esto mismo es inaceptable que existan lugares donde el precio a pagar por la atención y la supuesta eliminación de riesgos sea el ser tratadas como objetos sin voz ni protagonismo en la toma de decisiones.
Como agrupación que trabaja a favor de los derechos sexuales y reproductivos exigimos a nuestros representantes el desarrollo e implementación de políticas públicas que garanticen un modelo de atención perinatal en el cual las mujeres seamos consideradas sujetas de derecho; políticas públicas que trabajen en la reducción de muertes evitables, sean éstas ocurridas en hospitales o en domicilio. También exigimos que generen los acuerdos necesarios con todos lxs actores idóneos, entre ellas nosotras como principales protagonistas, para generar los marcos regulatorios que el PPD necesita.
Cada caso tiene una historia a ser analizada. Una historia que no se da en el vacío sino en un contexto social, político e institucional en donde la violencia hacia la mujer aún persiste y continúa naturalizada.
La muerte fetal (intraútero) y la muerte neonatal (aquella ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida del bebé) existe y es una realidad desgarradora para cada mujer y familia que la atraviesa. Como toda mortalidad está determinada por condiciones de vida, sociales y económicas. No obstante, en este tipo de muertes prevalecen 2 factores en su ocurrencia: uno vinculado con las condiciones congénitas y otro con las prácticas obstétricas y perinatales que rodean a ese nacimiento.
Existen muertes evitables o reducibles, aquellas que podrían disminuirse según el conocimiento científico actual; también existen muertes difícilmente reducibles, no reducibles o inevitables en la actualidad. Estas últimas son aquellas en las que aún realizando los controles y seguimientos oportunos y las prácticas obstétricas adecuadas la muerte del bebé acontece. El riesgo cero lamentablemente no existe.
Las muertes difícilmente reducibles no dependen del escenario donde se da el nacimiento. La OMS indica que el lugar no es el que determina la seguridad en un nacimiento sino las prácticas obstétricas que lo rodean, siempre y cuando sea un embarazo de bajo riesgo.
Desafortunadamente existen muertes neonatales que hoy son imposibles de reducir.
Las muertes reducibles o evitables son aquellas donde hubo fallos en la correcta evaluación, omisiones en los procesos de control, prácticas inadecuadas, errores en la atención. Y por supuesto, el nivel de responsabilidad de cada unx de los actores tiene que ser evaluado y tomadas las medidas correspondientes. Una muerte evitable es un asunto muy serio.
Para determinar en cuál categoría se encuentra cada caso es indispensable la evaluación pertinente y singular de cada situación, sin prejuicios, siempre resguardando los derechos de intimidad de esa mamá y esa familia, y evitando todo proceso de revictimización de esa mujer en uno de los momentos más dolorosos de su vida.
¿Qué sucede cuando esa muerte se da en un Parto Planificado en Domicilio (PPD)? La condena social que recae sobre la mujer, la familia y lxs profesionales que asistieron no se hace esperar. Sin una evaluación de los hechos, la historia, las condiciones en que se produjo esa muerte, lxs profesionales y colegios de médicos que se oponen a este modelo de atención realizan acusaciones y (pre)juicios condenatorios, que cobran eco en los medios de comunicación gracias a la idea naturalizada de que la institución hospitalaria siempre salva vidas y todo lo que sucede ahí es correcto e inevitable, mientras que la asistencia domiciliaria está asociada a la negligencia, improvisación y falta de atención idónea. Es común escuchar "menos mal estaba en la institución" frente a "por suerte no te moriste" cuando se trata de un PPD.
Las muertes suceden en un contexto social y político. ¿Quién es responsable de las muertes evitables? ¿la madre, la familia? ¿lxs profesionales que acompañan? Puede ser que haya responsabilidades individuales que deberán ser analizadas en cada caso, tanto si esas muertes ocurrieron en un PPD como si ocurrieron en un hospital. Pero es fundamental ampliar la mirada y entender que hay todo un sistema de salud detrás que es directamente responsable y un Estado que es el que debe velar por la garantía de nuestros derechos; esto aplica a todos los casos, suceda donde suceda el nacimiento.
En ese sentido, en el marco del modelo de atención de PPD tenemos un Estado ausente. Es el Ministerio de Salud de la Nación como órgano rector en la materia el que debe generar los marcos regulatorios necesarios, convocando a los profesionales idóneos, mujeres y familias que han elegido este modelo. Hasta el día de hoy el Estado ha preferido mirar para otro lado, dejándonos así a las mujeres, familias y profesionales sin ningún tipo de protección y respaldo, cercenando de esta manera nuestros derechos.
Por otro lado los análisis de contexto no pueden desconocer que estamos frente a un sistema de salud en materia de atención perinatal violento y expulsivo. La violencia obstétrica sigue siendo una práctica habitual, generalizada y naturalizada por los profesionales y muchas mujeres y familias. La mujer que demanda una atención garante de sus derechos y protectora de su bienestar y el de su bebx tiene que recorrer el sistema de arriba abajo, realizar una búsqueda intensiva de profesionales respetuosxs, negociar, hacer concesiones, pelear y ceder. Cuando pensamos en la accesibilidad de un sistema de salud, no podemos desconocer la importancia que tiene la dimensión vincular, la relación que se establece entre lxs profesionales y la mujer/familia. Estamos frente a un modelo hegemónico de atención perinatal que para acceder a él nos demanda docilidad. Por el contrario si reclamamos derechos se transforma rápidamente en un sistema expulsivo e inaccesible.
Tenemos en nuestro país un modelo de atención institucional, que sacando algunas excepciones, ofrece una atención que no respeta las guías y recomendaciones de la OMS. Cuando las mujeres interactuamos con el sistema institucional nos encontramos comúnmente con negativas al cabal cumplimiento de nuestros derechos, mentiras, o selección discrecional de los riesgos. Es inaceptable que las mujeres encuentren en el sistema institucional imposiciones y no opciones. En este sentido algunas mujeres optan por un PPD porque no encuentran una opción garante de sus derechos en una institución hospitalaria. Una situación que además de no ser la ideal, la está poniendo en riesgo, ya que el PPD debe basarse en una elección libre e informada y no por ser la "única opción".
La discusión no es PPD vs parto en institución. Más allá del escenario que elija la mujer todas debemos ser asistidas bajo un modelo de atención que garantice nuestros derechos, lo que se traduce en bienestar, autonomía, dignidad e integridad. Por esto mismo es inaceptable que existan lugares donde el precio a pagar por la atención y la supuesta eliminación de riesgos sea el ser tratadas como objetos sin voz ni protagonismo en la toma de decisiones.
Como agrupación que trabaja a favor de los derechos sexuales y reproductivos exigimos a nuestros representantes el desarrollo e implementación de políticas públicas que garanticen un modelo de atención perinatal en el cual las mujeres seamos consideradas sujetas de derecho; políticas públicas que trabajen en la reducción de muertes evitables, sean éstas ocurridas en hospitales o en domicilio. También exigimos que generen los acuerdos necesarios con todos lxs actores idóneos, entre ellas nosotras como principales protagonistas, para generar los marcos regulatorios que el PPD necesita.
“Para resolver los problemas de salud hay que introducir con toda decisión en el campo de la salud la participación popular. El pueblo, las personas, tienen que ser los protagonistas del sistema de salud” Floreal Ferrara (sanitarista argentino)
FORTALEZA'85
Andrea Paz, Violeta Osorio, Marcia Cortese, Rosana Mazur, Bárbara Lorenzo, Francisco Saraceno
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